Divergencias

Una vez más en esta legislatura, la iglesia católica afila sus aguijones contra el gobierno, ahora con la excusa de la libertad de educación moral. Cree que el estado debe eximirse de impartir asignaturas de educación cívica para evitar de este modo la manipulación y confusión a la que se pueden ver expuestos los incautos infantes. Apelan a la utilización, por parte de sus fieles, de una objeción de conciencia ex profeso para evitar esta catarata de relativismo moral en la que, al parecer, nos encontramos imbuidos desde la entrada del PSOE al gobierno.

La asiduidad de tanta pataleta, sin embargo, es bien distinta. La iglesia católica, desde la entrada de la democracia en este país, se ha ido diluyendo poco a poco. A medida que los españoles han dejado atrás sus rémoras educacionales, producto de la formación nacional-católica, tradicional y represiva impuesta por el franquismo, la Iglesia no sólo ha perdido su grotesco peso político en una España cada vez más democrática y laica, sino que se ha encontrado relegada en un segundo plano también a nivel personal. Esta institución no es capaz de leer qué cambios están sucediendo en la sociedad y qué papel debe desempeñar en esos cambios para estar al lado de sus fieles y satisfacer sus demandas, tanto sociales como espirituales. Siguen con su milenaria política de púlpito y sermón, haciendo oídos sordos hasta a esas tímidas corrientes que en su propio seno reclaman una vuelta renovada hacia lo cristiano. Y es que, desgraciadamente, a pesar de que vistan sus palabras con una leve sombra de Cristo, la iglesia se mueve, como toda gran organización, por ideas que nada tienen que ver con el mensaje del nazareno: poder político y económico. En resumidas cuentas, la iglesia católica, y en particular la española, no ha sabido perder. Es una mala perdedora.

Cabría mencionar la desfachatez de esta institución ahora en defensa de unos derechos que nunca le han importado: la iglesia católica española, salvo contadas excepciones, nunca ha estado con el pueblo, sino con el poder, muestra de su indolencia frente a los problemas del ciudadano. Cabría mencionar su despropósito al erguirse como abanderada de la Moral y la Ética, cuando en su seno, por ejemplo, se siguen arropando casos sangrantes de pederastia y machismo, cuando la política histórica que han llevado a cabo ha sido la de la negación y la represión, la de la sangre y el fuego. En fin, sería interesante recordar cómo todavía no han pedido perdón por haber acogido en su seno a un dictador con el que practicaron el oscurantismo por casi 40 años y al que jaleaban y santificaban aún a sabiendas de sus crímenes y atrocidades. Cabría destacar muchas cosas con el mismo corte, pero la lista sería demasiado larga.

Desgraciadamente nos encontramos en un país donde el civismo brilla por su ausencia, donde la falta de valores es un hecho consumado desde hace ya muchos años y donde la pérdida de referencia socio-cultural ha sido engullida por el egoísmo capitalista y su pragmatismo efímero. Una sociedad donde, de forma masiva, las personas no planifican sus embarazos, cediendo sus deberes de educación a terceros o a una escuela sin soporte para ofrecerlos. Toda una cuna para movimientos homófonos, xenófobos, racistas, machistas, etc. Es necesario dotar a la escuela de una asignatura donde se reflejen los valores democráticos, de tolerancia, de civismo y mínima ética, al que puedan acceder todos, sin excepciones, sin ningún condicionamiento religioso.

Pero la iglesia reclama la exclusividad que hasta hace poco tenía sobre la materia, haciendo apología de la desobediencia civil −como ya pidiera a los alcaldes del democristiano PP con la equiparación de los derechos de los homosexuales al de los heterosexuales− bajo el marco de una falsa objeción de conciencia. No quiere aceptar que este país es laico, que se respetan todos los cultos, en los que no debería existir esa preferencia que ellos tienen −y que tanto se ha criticado en el resto de Europa− y en el que su existencia debería ceñirse a las necesidades de sus fieles, no a sus intereses.

Por más que repitan lo del relativismo moral, la ruptura de las familias, la desvalorización del matrimonio, la desaparición de la sociedad “decente”, la llegada de unas nuevas Sodoma y Gomorra, España continúa adelante con leyes que amplían los derechos civiles y garantizan oportunidades para todos. A pesar de ellos, todos somos cada día un poco mejores.

Por favor, déjennos en paz.

A pesar de que se quieran vestir las ideas con palabras bonitas, ocultar su mensaje en una elaborada legalidad de sírvase usted mismo o proclamar mil veces una mentira hasta que esta tenga olores de verdad, las ideas acaban mostrando su cara limpia, el verdadero fin y motivo de su existencia.

Desde un comienzo, la denominada Ley de Partidos se esgrimió, principalmente, como el bastión que impediría que organizaciones terroristas como ETA pudieran llegar a tener una representación parlamentaria, salvaguardando de este modo la pureza de las instituciones democráticas. Aunque además de esto, encontrábamos también una polémica alusión a los nacionalismos que se quiso pasar por alto, ensalzando otras virtudes menos controvertidas y más demagogas. Así, fue firmada por los dos partidos de representación mayoritaria, PP y PSOE, despreciando el consenso que una ley de esa categoría merece, tildando al resto de fuerzas políticas como innecesarias, como prescindibles.

Fruto de dicha ley o cantera de votos y como justificación de su validez, se consiguió ilegalizar a HB. Pero no fue una ilegalización gratuita: HB se negaba a desvincularse de la violencia, continuaba con la ambigüedad de posiciones y se encontró bajo el peso de una demostración jurídica que la vinculaba directamente con ETA. Sin embargo, desde que se produjera esta ilegalización muchas cosas han cambiado.

Sería agotador y tedioso relatar detalladamente todas las actuaciones políticas que se han producido al respecto, por lo que obviaré hacer un inventario de las mismas. Lo que verdaderamente me importa es señalar como, poco a poco, se ha ido equiparando terrorismo a izquierda abertzale e incluso a cualquier tipo de nacionalismo centrífugo sin que nadie muestre el más mínimo asombro por ello ni la más mínima vergüenza u honradez al afirmarlo categóricamente. En este país se ha asociado la idea de peligro a cualquier nacionalismo no españolista, pero también la de ilegalidad y anticonstitucionalidad sin que pase absolutamente nada.

Consecuencias de estas ideas, quizás las más trágicas, las encontramos en una izquierda abertzale sin representación política, independientemente de que condene o no el terrorismo, de que haya o no pruebas fehacientes de su vinculación con ETA. Casos esperpénticos como el de ANV, en el que un baremo turbio decide qué listas se ilegalizan o cuáles pueden ser válidas. En definitiva, estamos frente a toda una corriente política sin partido que pueda hablar por los miles de votantes que tiene esa opción, agravando así la posición de los radicales y los moderados, conduciendo a todos a un callejón sin salida. Pero eso no es problema, porque está actuando la ley.

Otro caso lo encontramos en Nafarroa Bai, nuevo demonio nacionalista, pero con los mismos dientes −esos tan parecidos a los de ERC− dispuestos a despedazar la monolítica e intransigente concepción de España que se tiene desde el centro de la península. Por eso no es lícito negociar con ellos, sería una cesión, una derrota. Pero no pasa nada, porque se está jugando con el poder político.

Creo que es necesaria una ley de partidos, creo que en la democracia deben establecerse unos límites amplios, pero eficaces, con los que poder garantizarla sin violencia, chantajes o cualesquiera armas que se empuñen alejadas del diálogo. Pero en este ámbito no me valen leyes a medida, leyes sin consenso, leyes que quieran esconder tras su lenguaje jurídico ideas de un corte nada democrático o constitucional.

Es muy triste que en este país se sigua confundiendo legalidad con justicia, justicia con verdad y verdad con bueno.

Y Dios en todas partes.

Últimamente no deja de escucharse o leerse en todos los medios de comunicación, y a todas horas, la palabra víctimas en relación a las masacres terroristas, en particular, a las perpretadas por la banda de asesinos de ETA, ahora denuevo en la palestra tras la ruptura de su particular modo de entender el alto el fuego.

Se habla de víctimas, de respeto, de memoria. Sí, de todo ello son merecedoras estas personas que desgraciadamente ya no están entre nosotros, que tuvieron el trágico fin de desaparecer por participar activamente en el juego democrático con ideas de las que se puede diferir, pero que jamás deben ser resueltas con la cobardía de un tiro. Sin embargo, sus allegados -aún entendiendo su tremendo dolor- no tienen el derecho de impartir o exigir justicia en base a su dolor o su pérdida. No se puede ser juez y parte, y el derecho recoge esta lógica para evitar la venganza.

Se generan debates enconados e infames sobre un gobierno que se doblega a chantajes, sobre conspiraciones rocambolescas y esperpénticas, sobre el desamparo de las víctimas o sobre la ruptura del derecho y la justicia. Es un lamentable espectáculo que guarda más intenciones partidistas que derechos de víctimas, más intereses que altruismo. Lo más vergonzoso, lo verdaderamente indigno es que de ellos se hagan partícipes algunas asociaciones, sin pudor ni rubor a ser utilizados como avanzadilla.

Yo sólo puedo estar de acuerdo con el derecho del econocimiento de estas víctimas y su memoria, con el derecho de los implicados en no olvidar y exigir compensaciones, en la impartición de justicia para ellas.

Pero, ¿por qué hay que olvidar la víctimas del franquismo y de la guerra civil? ¿Por qué se alude a una olvidanza en favor del consenso? ¿Por qué unas víctimas pesan más que otras cuando el dolor de la pérdida es el mismo para los seres humanos? ¿Por qué una con tantos derechos y otras abocadas al silencio?

Sabemos la respuesta, pero es demasiado vergonzosa como para escribirla…

Sin embargo, no hay que despreciar estos resultados globlales, ya que indican el nivel de abstención, de insatisfacción de la izquierda de este país, que es la que otorga victorias con su participación al PSOE o con su dejación al PP. Es más que sabido que en los niveles de participación es donde radica el primer sondeo, puesto que la derecha siempre ha tenido votantes mucho más fieles que los socialistas.

Es cierto que el PP es el partido con mayor número de votos en el conjunto de España, pero no creo que ello implique una anticipación a los resultados de las generales del año que viene. La breve historia democrática de este país desde la caída del franquismo apunta a que el partido con mayor número de votos en las municipales suele ser el ganador de las elecciones generales. Sin embargo, todos sabemos que esto no es, ni mucho menos, una ley matemática. La muestra más clara que desdice este ley fue la victoría del expresidente Aznar por mayoría absoluta en el año 2000, precedida de unas municipales que otorgaban el estrecho margen de ventaja de 40000 votos al PSOE. Otro caso extremadamente particular lo encontramos en las elecciones municipales de 2003, donde por más de 100000 votos el PSOE se proclamaba vencedor de las municipales, pero a los que los sondeos colocaban en la oposición en las generales antes de los atentados islamistas del 11M. Aunque siempre los resultados quedan a merced de un u otro partido político que maquilla sus resultados bien con votos, bien con concejales.

Pero este país, afortunadamente, no se reduce al PP o al PSOE. Existen multitud de formaciones políticas con representación en ayuntamientos, comunidades y estado. Por desgracia, tanto los partidos mayoritarios como sus plataformas informativas se empeñan una y otra vez en polarizar la vida política española entre PP y PSOE, entre el bien y el mal, dejando al resto de partidos como remoras marginales; piedras en los zapatos cuando existen mayorías y muletas más o menos necesarias cuando los pactos se hacen inevitables. Existen minorías de izquierdas y de derechas, nacionalistas y un complejo mosaico de formaciones que, no por ser minoritarias o del agrado de los grandes partidos, puedan ser denostadas con toda la ligereza del mundo.

Por eso no tiene sentido decir quién ha ganado de forma global, menos aún, proclarmar la victoria de la derecha o de la izquierda en base, únicamente, a dos partidos mayoritarios. Parece que quieren olvidar que, en conjunto, la izquierda siempre tiene más votos que la derecha, aunque la primera, como siempre, se encuentre atomizada y la segunda monolíticamente unida. Pero ellos siguen sumergidos en su lucha maniqueísta.

Tras los resultados de las elecciones, ambos partidos están satisfechos. El PP esquiva su soledad política, su incapacidad de realizar pactos, apoyados en la focalización masiva de votos en Madrid y Valencia. El PSOE ignora su matemática incapacidad de convencer al electorado de izquierdas, escudándose tras el mayor número de concejales obtenidos.

El panorama político es desolador: una derecha más montaraz que nunca, sin ética ni principios, dispuesta a alacanzar el poder como sea, sin importar la deslealtad al gobierno, la mentira y la calumnia perpetua, la confusión y la difamación, la manipulación o el juego sucio; una izquierda más preocupada en contentar al sector españolista de centro que a realizar verdaderas políticas de izquierda sin miedo a la falta de consensos, dejando a un lado los complejos y dar fondo a las siglas de su partido, temerosa de dejar una ambigüedad que ya es peyorativa para todos.